Stalin Carrión Martínez,Guayaquil
‘Laura’ se sentía cansada y sudorosa, pero no tenía dónde sentarse. El abrigo que se había puesto en la madrugada y su larga cabellera la acaloraban aún más. Eran cerca de las 08:30 del pasado jueves, y el sol ya destellaba como una bola candente. Ella guardaba silencio y solo observaba cómo otras mujeres hacían reclamos a los policías en la garita de la antigua Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Luego, caminó unos pasos y se arrimó a una valla metálica. Estaba algo nerviosa y, con voz suave, empezó a contar que su esposo fue detenido hace cinco meses por microtráfico en el poblado de Anconcito, Santa Elena. Hasta el pasado jueves aún no lo había visto porque no aparecía en el listado de visitas.
La mujer comentó que ese impedimento se solucionaría pronto y que tampoco la importunaba demasiado. Nada que ver con algo que presuntamente le ocurrió a su madre, quien en las últimas semanas había entrado en su lugar para visitar a su cónyuge. Según la joven, en un control de ingreso le hicieron desnudarse para revisarla y observar si ocultaba algo.
Pero eso es “normal”, matizó ‘Gloria’, quien desde hace dos meses y medio frecuenta ese centro de privación de libertad para visitar a su marido, quien ‘cayó’ por una tentativa de asesinato en el Guasmo sur del Puerto Principal. La señora aseguró que el personal de seguridad no lo hace con algún fin sexual, sino para evitar que se ingresen objetos prohibidos.
No obstante, en la Fiscalía sí se han presentado denuncias por supuestos abusos e insultos que habrían proferido agentes de tratamiento penitenciario y miembros de la Policía Nacional a las féminas, que pasan por los controles durante y después de las inspecciones. Su número total se desconoce por ahora.
En uno de los documentos legales, al que accedió EXTRA, consta el relato de una presunta víctima, donde describe el sitio de registro como un “cuartito”, al que les “hacían pasar de seis” en seis: “Me dijeron que me subiera la blusa, después el sostén y, como era una mujer guía la que nos revisaba, dijo que tenía t... bonitas. Me empezó a tocar”.
Después de eso, le habrían pedido que se bajara el pantalón y la ropa interior hasta la rodilla. Luego, que se inclinara hacia delante y que tratara de extender sus partes íntimas, para que la pudieran revisar con una linterna. “Me sentí abusada sexualmente”, afirmó ‘Amparo’ en su denuncia.
Pero ahí no habría terminado todo, según ella. “Una vez que salí del cuarto, fui objeto de burla por parte de los guías penitenciarios y miembros de la Policía. Hablaban diciendo que para la próxima visita fuéramos bien bañadas, para que no apestáramos (...). Salí llorando de ese lugar, con los nervios que me atacaban”, agregó la supuesta afectada en el escrito.
‘Elizabeth’, otra presunta víctima, relató ante los investigadores que el día en que ella fue de visita las tenían en dos filas: “Un guardia nos decía que nos sacáramos los muñecos (lo que llevaran oculto), sin saber de qué se trataba”. El celador también las habría amedrentado, diciéndoles que corrían el riesgo de ir ocho meses a ‘cana’.
Finalmente, siempre conforme a su testimonio, pasó al ‘cuartito’, donde seis guías la esperaban para la revisión y le habría ocurrido lo mismo que a ‘Amparo’. En otro escrito se señala que supuestamente ellas no han sido las únicas perjudicadas, pero no todas se atreverían a denunciar.
El fiscal Víctor González, de la Unidad de Flagrancia, explicó que en estos casos, tras recibir una denuncia, “se le da trámite con el fin de verificar la autenticidad y si lo denunciado constituye en un delito de acción pública”.
El funcionario añadió que, sobre esa base, “la Fiscalía procede conforme a las reglas del procedimiento”. Eso implica que los funcionarios deben llamar a la presunta víctima y a los sospechosos a fin de que rindan sus versiones libres y voluntarias “para establecer si existe un delito de acción pública”.
Si se determina que no hubo infracción, el Ministerio Público desestima el caso de inmediato. En el supuesto contrario, si “hay elementos de convicción necesarios, la Fiscalía formulará los cargos por el tipo penal que corresponda al hecho”.
Versión oficial
El 16 de marzo pasado, EXTRA envió fotografías de cuatro denuncias al Departamento de Comunicación del Ministerio de Justicia en la Zona 8. El objetivo: obtener una versión oficial.
Desde ese mismo departamento confirmaron que tres policías -supuestamente involucradas en ese tipo de actos- fueron removidas. Pero no se facilitaron más detalles al respecto.
‘Laura’ se sentía cansada y sudorosa, pero no tenía dónde sentarse. El abrigo que se había puesto en la madrugada y su larga cabellera la acaloraban aún más. Eran cerca de las 08:30 del pasado jueves, y el sol ya destellaba como una bola candente. Ella guardaba silencio y solo observaba cómo otras mujeres hacían reclamos a los policías en la garita de la antigua Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.Luego, caminó unos pasos y se arrimó a una valla metálica. Estaba algo nerviosa y, con voz suave, empezó a contar que su esposo fue detenido hace cinco meses por microtráfico en el poblado de Anconcito, Santa Elena. Hasta el pasado jueves aún no lo había visto porque no aparecía en el listado de visitas. La mujer comentó que ese impedimento se solucionaría pronto y que tampoco la importunaba demasiado. Nada que ver con algo que presuntamente le ocurrió a su madre, quien en las últimas semanas había entrado en su lugar para visitar a su cónyuge. Según la joven, en un control de ingreso le hicieron desnudarse para revisarla y observar si ocultaba algo.Pero eso es “normal”, matizó ‘Gloria’, quien desde hace dos meses y medio frecuenta ese centro de privación de libertad para visitar a su marido, quien ‘cayó’ por una tentativa de asesinato en el Guasmo sur del Puerto Principal. La señora aseguró que el personal de seguridad no lo hace con algún fin sexual, sino para evitar que se ingresen objetos prohibidos.No obstante, en la Fiscalía sí se han presentado denuncias por supuestos abusos e insultos que habrían proferido agentes de tratamiento penitenciario y miembros de la Policía Nacional a las féminas, que pasan por los controles durante y después de las inspecciones. Su número total se desconoce por ahora.En uno de los documentos legales, al que accedió EXTRA, consta el relato de una presunta víctima, donde describe el sitio de registro como un “cuartito”, al que les “hacían pasar de seis” en seis: “Me dijeron que me subiera la blusa, después el sostén y, como era una mujer guía la que nos revisaba, dijo que tenía t... bonitas. Me empezó a tocar”. Después de eso, le habrían pedido que se bajara el pantalón y la ropa interior hasta la rodilla. Luego, que se inclinara hacia delante y que tratara de extender sus partes íntimas, para que la pudieran revisar con una linterna. “Me sentí abusada sexualmente”, afirmó ‘Amparo’ en su denuncia. Pero ahí no habría terminado todo, según ella. “Una vez que salí del cuarto, fui objeto de burla por parte de los guías penitenciarios y miembros de la Policía. Hablaban diciendo que para la próxima visita fuéramos bien bañadas, para que no apestáramos (...). Salí llorando de ese lugar, con los nervios que me atacaban”, agregó la supuesta afectada en el escrito. ‘Elizabeth’, otra presunta víctima, relató ante los investigadores que el día en que ella fue de visita las tenían en dos filas: “Un guardia nos decía que nos sacáramos los muñecos (lo que llevaran oculto), sin saber de qué se trataba”. El celador también las habría amedrentado, diciéndoles que corrían el riesgo de ir ocho meses a ‘cana’.Finalmente, siempre conforme a su testimonio, pasó al ‘cuartito’, donde seis guías la esperaban para la revisión y le habría ocurrido lo mismo que a ‘Amparo’. En otro escrito se señala que supuestamente ellas no han sido las únicas perjudicadas, pero no todas se atreverían a denunciar.El fiscal Víctor González, de la Unidad de Flagrancia, explicó que en estos casos, tras recibir una denuncia, “se le da trámite con el fin de verificar la autenticidad y si lo denunciado constituye en un delito de acción pública”. El funcionario añadió que, sobre esa base, “la Fiscalía procede conforme a las reglas del procedimiento”. Eso implica que los funcionarios deben llamar a la presunta víctima y a los sospechosos a fin de que rindan sus versiones libres y voluntarias “para establecer si existe un delito de acción pública”. Si se determina que no hubo infracción, el Ministerio Público desestima el caso de inmediato. En el supuesto contrario, si “hay elementos de convicción necesarios, la Fiscalía formulará los cargos por el tipo penal que corresponda al hecho”.
Versión oficialEl 16 de marzo pasado, EXTRA envió fotografías de cuatro denuncias al Departamento de Comunicación del Ministerio de Justicia en la Zona 8. El objetivo: obtener una versión oficial. Desde ese mismo departamento confirmaron que tres policías -supuestamente involucradas en ese tipo de actos- fueron removidas. Pero no se facilitaron más detalles al respecto.
“USAR LOS IMPLEMENTOS TECNOLÓGICOS PERMITIRÍA VERIFICAR CADA CAVIDAD DEL CUERPO SiN TOCAR”Hernán Ulloa, abogado penalista, opinó que en la actualidad el país cuenta “con las herramientas técnicas suficientes para evitar cualquier tipo de registro manual”, de modo que “usar estos implementos tecnológicos permitiría verificar cada cavidad del cuerpo sin tocar a la persona”.“Tengo conocimiento de que estos mecanismos se encuentran dentro de la Penitenciaría. Entonces yo desconozco los motivos por los cuales las mujeres especialmente se ven sometidas a este tipo de -supuestos- tratos inhumanos”, destacó el letrado ecuatoriano. No obstante, comentó que “si no existen las máquinas o estas se encuentran defectuosas, es una obligación de la autoridad cuidar el hecho de que sustancias prohibidas no sean ingresadas, como ha pasado en otras ocasiones”.
Ulloa argumentó que el problema no estaría tanto en cómo se hace la revisión, sino en que “eso va sumado a una burla, sonrisas o comentarios lesivos”. Entonces, a su juicio, ese acto se transforma en “un abuso”. Si el registro se hace en silencio y con respeto, sin emitir opiniones, “no pasaría nada”.
“Hechos aislados”Segundo Romero, psicólogo forense de la Policía Judicial, mostró sus dudas acerca de la veracidad de estos episodios. “Hay que recordar que las personas que van a estos centros acuden ofuscadas y con ánimos alterados porque tienen a sus familiares dentro. Y a veces no se quieren someter a los protocolos que se dictan para poder ingresar. Yo no creo que sucedan estos casos, pueden ser hechos aislados”, señaló el especialista. El psicólogo recordó que ha habido casos donde las mujeres de los internos “han ocultado sustancias en sus partes íntimas. La Policía tiene que cumplir su trabajo de examinar”. Romero subrayó que existen cámaras de rayos X utilizables para detectar algún objeto. Porque se han dado situaciones en las que algunas féminas “han ingresado celulares en sus partes íntimas (...)”. De ahí que el chequeo deba ser “minucioso” y tal vez “eso es lo que les molesta”.
El psicólogo forense aseveró que “muchas son convivientes de personas acostumbradas a estar detenidas”. Según él, van frecuentemente a la Penitenciaría “y toman la denuncia como represalia en contra de la Policía”. ![]()
