Un motín de policías de bajo rango, por reclamos salariales al presidente Evo Morales, se extendió ayer a unas 20 unidades y comandancias en Bolivia, mientras que los sublevados saquearon sus propias oficinas a una cuadra del Palacio Presidencial.
Los uniformados tomaron el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines) y otras ocho unidades en todo el país, y ayer saquearon dos oficinas de la institución, a una cuadra de la plaza de Armas, donde el mandatario Morales tiene sus oficinas.
Durante los incidentes, el presidente se encontraba en sus oficinas, informó temprano la dirección de comunicación presidencial, en una entrevista con un sindicato de mineros privados, pues el conflicto policial estaba bajo atención del ministro de Interior, Carlos Romero.
Los sublevados reclaman un salario mínimo de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares, casi el 70% más de lo que reciben), la jubilación con el 100% de sus salarios y la anulación de una ley que les prohíbe opinar públicamente, mientras el gobierno dijo que no tiene fondos suficientes para satisfacer el reclamo.
La violencia en La Paz comenzó temprano, cuando unos 200 policías, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, atacaron con furia la Dirección Nacional de Inteligencia, donde también se halla el Tribunal Disciplinario de la Policía, a una cuadra de la plaza de Armas.
“¡Motín, motín, motín policial!”, gritaron los policías, quienes sacaron del lugar principalmente documentos, muebles, computadoras y hasta banderas y los quemaron en las afueras de las dos unidades policiales.
La furia aumentó cuando en el interior del Tribunal Disciplinario se encontraron centenares de latas de cerveza, las que también fueron destruidas. “Aquí toman los jefes policiales y a nosotros nos sancionan cuando apenas llegamos con tufo (aliento alcohólico)”, dijo un policía.
“¡No tenemos miedo, carajo, no tenemos miedo, carajo!”, gritaron los policías vestidos de civil, la mayoría encolerizados y nerviosos, pues agredían a toda persona que les parecía extraña, incluso verbalmente a los periodistas desplazados por el lugar.
El motín y la toma de cuarteles y comandos policiales se extendieron a nueve de las diez principales ciudades del país: La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija. Sólo El Alto, vecina de La Paz, mostraba normalidad.
El comando de Cochabamba, en el centro del país, fue saqueado, de la misma manera que el de La Paz.
“La protesta es en todo el país, estamos acuartelados y en vigilia, hasta que el gobierno nos escuche”, afirmó el sargento Omar Huayllana, líder de los policías de bajo rango de Cochabamba.
La situación era más tensa en las cárceles de La Paz y Santa Cruz, donde centenares de uniformados, si bien no están amotinados, están en vigilia y cerraron las puertas de ingreso para impedir la visita de los familiares a los reos.
No hay vigilancia policial en las principales calles de Bolivia, aunque tampoco dejaron desguarnecidas las oficinas bancarias, donde la atención al público fue normal.
Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre, apoyando los reclamos de sus cónyuges.
El comandante nacional de la Policía, coronel Víctor Maldonado, dijo que “llamamos a nuestros hermanos camaradas a la calma, porque hay avances en el diálogo”. El oficial aseguró que se abrió una mesa de diálogo con el sindicato de sargentos, aunque no dio detalles de las negociaciones.
Ministro de Gobierno dijo que atenderá el caso
La Paz (EFE)
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, anunció ayer que atenderá los reclamos salariales de miles de policías amotinados, poco después del saqueo de la sede de la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la institución.
Romero dijo que el mandatario regresó el jueves por la noche de Brasil, dos días antes de lo previsto, porque “tiene preocupación personal, directa”, ante la toma de decenas de instalaciones policiales.
“Nos ha instruido de manera expresa que se pueda trabajar, se pueda efectivizar la atención de los requerimientos de la Policía boliviana”, dijo Romero en una breve comparecencia ante la prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, en la que no aceptó preguntas.
Romero pidió a los agentes sublevados “suspender las acciones de hecho”, como la ocupación y saqueo de instalaciones policiales, o la quema de sus archivos, y dijo que desde la noche del jueves hay un canal de diálogo abierto para buscar una solución al conflicto.
Un dirigente de los policías, Édgar Ramos, dijo que esperan que el Gobierno les haga llegar por escrito cualquier invitación a dialogar, con una propuesta concreta, mientras que Guadalupe Cárdenas, líder de las esposas de los agentes, algunas de las cuales están en huelga de hambre, agregó que solo aceptarán dialogar directamente con Morales.
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