El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha facilitado la puesta en libertad en los últimos 18 años de 1.474 personas que estaban en manos de grupos armados ilegales colombianos, incluidos los únicos diez militares y policías que seguían como rehenes de las FARC. De ellos, "570 eran civiles", precisó hoy el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Jordi Raich, durante un encuentro con la prensa en el que presentó el informe de actividades de su institución durante el año pasado en este país andino. La de los liberados desde 1994 "es una cifra muy importante", consideró Raich, quien incluyó en el total el caso de los 21 civiles y uniformados que el CICR recibió en lo que va de 2012 en dos entregas por separado. El primero fue el de once trabajadores de una firma contratista de compañías petroleras retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Arauca (noreste) y que esta guerrilla entregó al CICR el pasado 6 de marzo tras seis días de secuestro. En el otro, la institución recibió el 2 de abril último a los cuatro militares y seis policías que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tuvieron como rehenes entre trece y catorce años. El delegado del CICR aceptó que la decisión de las FARC de devolver a estos últimos rehenes y de proscribir el secuestro con fines financieros ha despertado algo de optimismo en el país. "En mi opinión, creo que sí hay en el ambiente de los colombianos y las colombianas una especie de esperanza, una especie de deseo de que estas liberaciones y el anuncio de poner fin a los secuestros lleve a algo más", expresó Raich. "Creo que en la calle hay un sentimiento de que son tiempos de cambio y de que, quizá, esto sea significativo", agregó Raich, aunque al mismo tiempo admitió que el conflicto armado interno se mantiene, con sus efectos adversos sobre la población civil. De manera enfática, el responsable nacional del CICR dijo que "el conflicto armado interno continúa, está todavía vigente, todavía causa víctimas". En este contexto, sostuvo que algunas de las problemáticas relacionadas con la confrontación de casi medio siglo han empeorado, tanto en la Colombia lejana, la selvática y montañosa, como en la de las periferias urbanas, tanto por efecto de la acción de las guerrillas, como de los grupos armados emergentes (herederos de paramilitares). Según su informe, las hostilidades y las consecuencias para las víctimas se recrudecieron en el Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Norte de Santander, departamentos en el suroeste, noroeste, sur o noreste del país. El año pasado, "el CICR documentó más de 760 violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) y de otras normas básicas que protegen a las personas", informó Raich. Los incrementos más preocupantes fueron en desplazamiento de población, la violencia sexual y los ataques y daños a bienes civiles, advirtió luego. El desplazamiento forzado aumento el 52 por ciento, según cifras oficiales, en tanto que el CICR documentó 138 casos de desaparición forzada y prestó asistencia a 26.816 de las víctimas que han dejado en años los accidentes con minas antipersonal. En 2011, la institución también facilitó el reencuentro familiar de 35 menores reclutados por grupos ilegales, atendió a 130 víctimas de violencia sexual asociada al conflicto, documentó daños a cultivos lícitos con la fumigación de siembras ilegales y benefició a 32.800 personas con asistencia de unidades móviles de salud estatales. Raich denunció que, en el frente de la salud, el año pasado se registraron en Colombia 50 ataques a la misión médica, contra 31 en 2011, lo que consideró muy grave por su impacto sobre la población.