Hurtado, un exteniente del Ejército, aseguró durante una audiencia del proceso celebrada el viernes que él estaba convencido de que todas las órdenes se debían cumplir "sin dudas ni murmuraciones" en el Ejército. Añadió que eso fue lo que hizo con su patrulla militar cuando asesinó a decenas de personas, entre ellas varios niños, en la localidad de Accomarca, en la región Ayacucho, a los que consideraba terroristas. Según El Comercio, cuando fue preguntado sobre lo que haría si un superior le ordenaba matar a su padre, Hurtado contestó: "Cumpliría la orden". El llamado "Carnicero de los Andes" reiteró que decidió asumir toda la responsabilidad cuando la matanza comenzó a ser investigada por las autoridades para proteger a sus superiores y a los miembros de su patrulla. "Si yo daba la versión real, iba a perjudicar a los oficiales que planearon la operación y al personal de tropa, e iba a llevar al comando de la institución a un proceso que iba a perjudicar la lucha antisubversiva, por eso asumí toda la responsabilidad", enfatizó Hurtado admitió el pasado 9 de abril, cuando se inició el juicio oral en su contra, su responsabilidad en la ejecución de 31 personas de las casi 70 asesinadas en Accomarca. El exmilitar, quien fue extraditado el año pasado desde los Estados Unidos, subrayó que admitía su responsabilidad, pero aseguró que solo se limitó a presenciar las ejecuciones extrajudiciales y que recibió la orden del jefe militar Nelson Gonzales Feria de preparar las trincheras donde serían asesinados los detenidos. Insistió en que él "creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares" y dijo que estos fueron llevados amarrados y encapuchados hasta las trincheras, donde fueron liquidados con armas con silenciador. Hurtado dijo que también se le encomendó hacer una "labor de limpieza" para desaparecer a los testigos relacionados con la matanza, cometida el 14 de agosto de 1985, y señaló que se le pidió "hacerse el loco" ante una comisión del Congreso que investigó el caso para no involucrar a oficiales de alto rango. La madrugada del 14 de agosto de 1985, unos días después de que Alan García iniciara su primer Gobierno (1985-1990), una patrulla del Ejército mató a 62 pobladores, entre ellos ancianos, mujeres y niños de Accomarca. Días después los militares asesinaron a otras 7 personas que presenciaron los hechos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Las versiones de los supervivientes indican que Hurtado ordenó a sus soldados que disparasen contra los pobladores, después detonaron con granadas las viviendas y las incendiaron, y por último festejaron el crimen bebida y bailes. Tras las denuncias, el caso fue visto por un tribunal militar que sentenció a Hurtado por abuso de autoridad, aunque después fue amnistiado durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). En 2005 la Fiscalía formalizó una denuncia contra Hurtado y otros 28 militares por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada y pidió penas de hasta 25 años de cárcel y el pago de 14 millones de soles en total (unos 5,3 millones de dólares) para los familiares de las víctimas. El exmilitar fue detenido en 2007 en los Estados Unidos y permaneció en una prisión de ese país hasta julio de 2011, cuando fue extraditado para ser sometido a un proceso en el fuero civil peruano.
Hurtado, un exteniente del Ejército, aseguró durante una audiencia del proceso celebrada el viernes que él estaba convencido de que todas las órdenes se debían cumplir "sin dudas ni murmuraciones" en el Ejército. Añadió que eso fue lo que hizo con su patrulla militar cuando asesinó a decenas de personas, entre ellas varios niños, en la localidad de Accomarca, en la región Ayacucho, a los que consideraba terroristas. Según El Comercio, cuando fue preguntado sobre lo que haría si un superior le ordenaba matar a su padre, Hurtado contestó: "Cumpliría la orden". El llamado "Carnicero de los Andes" reiteró que decidió asumir toda la responsabilidad cuando la matanza comenzó a ser investigada por las autoridades para proteger a sus superiores y a los miembros de su patrulla. "Si yo daba la versión real, iba a perjudicar a los oficiales que planearon la operación y al personal de tropa, e iba a llevar al comando de la institución a un proceso que iba a perjudicar la lucha antisubversiva, por eso asumí toda la responsabilidad", enfatizó Hurtado admitió el pasado 9 de abril, cuando se inició el juicio oral en su contra, su responsabilidad en la ejecución de 31 personas de las casi 70 asesinadas en Accomarca. El exmilitar, quien fue extraditado el año pasado desde los Estados Unidos, subrayó que admitía su responsabilidad, pero aseguró que solo se limitó a presenciar las ejecuciones extrajudiciales y que recibió la orden del jefe militar Nelson Gonzales Feria de preparar las trincheras donde serían asesinados los detenidos. Insistió en que él "creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares" y dijo que estos fueron llevados amarrados y encapuchados hasta las trincheras, donde fueron liquidados con armas con silenciador. Hurtado dijo que también se le encomendó hacer una "labor de limpieza" para desaparecer a los testigos relacionados con la matanza, cometida el 14 de agosto de 1985, y señaló que se le pidió "hacerse el loco" ante una comisión del Congreso que investigó el caso para no involucrar a oficiales de alto rango. La madrugada del 14 de agosto de 1985, unos días después de que Alan García iniciara su primer Gobierno (1985-1990), una patrulla del Ejército mató a 62 pobladores, entre ellos ancianos, mujeres y niños de Accomarca. Días después los militares asesinaron a otras 7 personas que presenciaron los hechos, según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Las versiones de los supervivientes indican que Hurtado ordenó a sus soldados que disparasen contra los pobladores, después detonaron con granadas las viviendas y las incendiaron, y por último festejaron el crimen bebida y bailes. Tras las denuncias, el caso fue visto por un tribunal militar que sentenció a Hurtado por abuso de autoridad, aunque después fue amnistiado durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). En 2005 la Fiscalía formalizó una denuncia contra Hurtado y otros 28 militares por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada y pidió penas de hasta 25 años de cárcel y el pago de 14 millones de soles en total (unos 5,3 millones de dólares) para los familiares de las víctimas. El exmilitar fue detenido en 2007 en los Estados Unidos y permaneció en una prisión de ese país hasta julio de 2011, cuando fue extraditado para ser sometido a un proceso en el fuero civil peruano.