Ni el incremento de la vigilancia policial ni las recientes medidas aplicadas por el Ministerio de Educación para combatir la violencia, así como el consumo y el microtráfico de drogas, parecen calmar sus ánimos. Se sienten “indefensos y solos” ante las amenazas y agresiones de los alumnos más conflictivos y de las organizaciones criminales que utilizan a estos como peones para poner sus estupefacientes en circulación. Con sus reflexiones, tratan de dejar claro que una cosa son los planes y otra muy distinta lidiar cada día con quienes les han obligado a convertirse en “una especie de detectives”.
Varios profesores, que ayer hablaban en EXTRA de su ardua lucha contra el expendio de narcóticos, ponen hoy su mira en las autoridades. No se conocen entre sí. Es más, las entrevistas se realizan por separado. Pero todos coinciden en gran parte de sus análisis. Sostienen que los afectados no se atreven a denunciar en la mayoría de los casos, entre otros motivos porque dicen no gozar de respaldo suficiente para dar un paso que puede marcar su futuro. Prefieren mirar hacia otro lado.
Tal y como informó este diario, el Ministerio de Educación ha implementado dos protocolos de actuación ante cualquier incidencia relacionada con el consumo o microtráfico que detecten los docentes.
Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, las prácticas relacionadas con el primer supuesto se consideran “graves” y se sancionan con una suspensión temporal “por un máximo de quince días”. En el segundo, las infracciones se califican de “muy graves”, de modo que los estudiantes “son suspendidos por un máximo de quince días o separados definitivamente de la institución educativa”.
Hasta hace poco, los maestros tenían la potestad de “registrar a los alumnos sospechosos”, pero ahora deben poner los hechos en conocimiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Son los profesionales que integran estos equipos quienes se encargan “de la intervención, derivación y seguimiento” de los incidentes, siempre “en el marco de la inclusión”, así como de “elaborar un informe escrito que se remite a la autoridad del establecimiento educativo, para que este a su vez se ponga en contacto con las instancias externas competentes”, señaló el ministerio en su día a EXTRA. Los DECE también coordinan los procesos con la Dirección Distrital de Educación, el establecimiento de salud pertinente, la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), el ECU-911 y la Fiscalía.
Además, el Ministerio de Educación anunció el pasado febrero la puesta en marcha de un proyecto para instalar 1.470 cámaras en exteriores de colegios, mientras que la cartera de Interior supuestamente censó y entregó carnés a los vendedores que trabajan en los alrededores de los centros educativos.
LAS CRÍTICAS
Pero Fernando, un maestro con treinta años de servicio en centros fiscales, cree que los distritos “solo actúan contra ellos” y “no resuelven nada”. Resalta convencido que el mercado de la droga en los centros educativos, lejos de remitir, “ha crecido de manera inmensa” y que todas estas iniciativas no están arrojando los resultados esperados. “Nosotros vemos cómo se pasan la ‘H’ de unos a otros. Pero, ¿qué vamos a hacer? No hay garantías a la hora de intervenir”, certifica.
Mauro, que fue fotografiado en los aledaños de su colegio por quienes controlan el negocio del alcaloide en la zona, pone ejemplos concretos para ilustrar la problemática. Por un lado, indica que tanto él como otros compañeros no han dado el paso de interponer las pertinentes denuncias ante el Ministerio de Educación o el Ministerio Público porque a veces no pueden demostrar “quiénes están detrás de las amenazas”.
Pero hay un segundo factor clave que les empuja a no exponerse más de la cuenta: los peligros a los que se enfrentan “sin ninguna” protección.
“A mí me tocó ir al DECE con un chico porque tenía decenas de fundas de ‘H’. Te piden que redactes un informe con todo lujo de detalles, en el que no puedes decir que es droga, sino presumiblemente droga… Si cometes un pequeño fallo, puedes tener un conflicto serio. Recuerdo a una maestra que encontró un paquete de marihuana a un muchacho. El padre la acusó de poner la hierba a su hijo en la maleta. Así que ella tuvo que contratar a un abogado para defenderse. Nadie la auxilió. Al final, pidió disculpas para evitar males mayores y renunció. Ahora los chicos saben que no podemos revisarles y se aprovechan de eso. Vivimos una involución”, cuestiona molesto. “Con los informes, quedamos expuestos”, agrega Fernando.
Margarita, como el resto de los entrevistados, se ha plantado más de una vez ante los muchachos más problemáticos, pero destaca que no todos los profesores reaccionan de la misma manera. Y eso debe respetarse. “Por lo que yo he visto, los docentes no saben cómo enfrentarse a esto. Alegan que tienen familias a las que proteger. No es que no quieran controlar el tema, sino que el miedo les puede. Y por eso hay chicos que hacen lo que les da la gana. Hace unos días, sin ir más lejos, a un colega le clavaron un palo de chuzo”, cuestiona.
Antes de finalizar la conversación, Margarita pone el dedo en la llaga: “‘Se hacen seguimientos cuando un estudiante es vulnerado o maltratado. Pero, ¿y nosotros? Con los riesgos que asumimos… ¿Quién nos ayuda y ampara?’, me dijo un maestro una vez”.
DESDE LA PRISIÓN
Tanto Rodrigo como Mauro creen conocer el origen de los actuales conflictos que asuelan a tantos centros fiscales: los procesos de selección de los escolares, que ahora gestiona “directamente” el Ministerio de Educación. Un cambio de política que, según ellos, “ha desbaratado todo”. Atrás parece quedar aquella época en que el rector escogía a los alumnos basándose en sus pruebas de acceso.
“En una ocasión, los técnicos quisieron inscribir a un joven de 22 años recién salido de prisión y que era jefe de una banda”, remarca el primero al tiempo que recuerda cómo la aparición de la ‘H’ se produjo precisamente en aquel entonces. “A menudo encontrábamos fundas botadas por el suelo. Los más pequeños las cogían y probaban”, detalla.
“Escogen a gente de cualquier edad. Muchos se matriculan porque los cursos son gratis. Hasta 2014, entraban chicos de 21 años en primero de Bachillerato. Al comprobar que eso no funcionaba, les permitieron apuntarse a distancia, pero cuando ya habían hecho la grandota”, remata Mauro.
DISCREPANCIAS SOBRE LA EFECTIVIDAD POLICIAL
El aumento de la presencia policial en los alrededores de los centros escolares genera ciertas discrepancias entre los maestros. Algunos como Margarita defienden que “está ayudando a controlar el fenómeno” del microtráfico, mientras otros como Mauro insisten en que los agentes deberían desplegarse “tiempo antes de que ingresen los chicos”. De lo contrario, los distribuidores se las apañan para pasar la droga en alguna calle próxima. “Yo vi cómo un exalumno entregaba fundas de ‘H’ a un estudiante cerca de la puerta y cómo, cuando intervinimos, cambió de ubicación y empezó a dársela un poco más lejos”, rememora.
En este sentido, Fernando remarca que el verdadero problema no está fuera de las escuelas, sino dentro. Los datos publicados por EXTRA el pasado mes de mayo corroboran esta tesis. En los cuatro primeros meses de 2015, la Unidad de Antinarcóticos de la Zona 8 realizó 26 operativos en el interior de centros escolares guayasenses. Mientras solo se decomisaron 1,5 gramos de cocaína y 1,1 de marihuana, los agentes encontraron 21,9 de ‘H’. La tendencia es a la inversa cuando se analizan los operativos efectuados en los aledaños. En 29 intervenciones, se hallaron 109 gramos de cocaína, 1.800 de marihuana y 30,7 de ‘H’. Lea también"Ya sabemos dónde paras, dónde vives"