Vicepresidente de la nacionalidad waorani del Ecuador, Gilberto Nenquimo, confirmó que hubo 8 muertos en ataque waorani contra taromenane.
Nenquimo dio a conocer la noticia vía telefónica desde El Puyo a miembros de la etnia waorani que se encuentran en El Coca en las acciones de sobrevuelo.
“No me quisieron dar información de cuantos niños murieron solamente mayores ( adultos) entre hombres y mujeres”, afirmó el segundo al mando de los waos.
Mientras tanto, en El Coca una nueva operación de sobrevuelo se organizó ayer en la mañana en la Brigada de Selva 19 Napo, en Coca, capital de Orellana, para dar con el paradero exacto de la posible matanza contra miembros taromenane por parte de waoranis.
Tres funcionarios de la Fiscalía provincial al igual que miembros de la Policía Judicial (PJ) estuvieron presentes desde las 09:30, en el helipuerto del fuerte militar amazónico. Los preparativos demoraron dos horas y mientras se esperaba el vuelo llegaron hasta el cuartel representantes del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, los dirigentes waoranis que arribaron hasta la ciudad no viajaron como parte de la comitiva organizada para realizar el tercer intento por dar con el sitio. La decisión causó malestar en los líderes de la etnia, quienes tenían previsto regresar a Pastaza ayer en la tarde.
“La nacionalidad waorani expresa su preocupación e inconformidad por la manera en la que se maneja la investigación sobre la presunta muerte de un grupo taromenane”, dijo Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe).
Yeti especificó que la presencia de miembros de la etnia es fundamental para dar con el paradero de los posibles fallecidos en el incidente, presuntamente perpetrado el viernes 29 de marzo.“El Ministerio de Justicia, responsable del plan de medidas cautelares de los pueblos tagaeri y taromenane, pretende que se realice el sobrevuelo únicamente con sus funcionarios”, agregó el líder indígena.
Pero los waorani no fueron los únicos enfadados por la manera en la que miembros del Ministerio de Justicia dirigieron la operación.
Raúl Chimarro, fiscal encargado del caso, también se molestó al saber que de la Fiscalía irían solamente dos personas y que no se permitiría que vayan los delegados de la PJ.
“No quieren llevar a un funcionario público, representante de la comunidad waorani, y no tienen que limitar ningún cupo a la Fiscalía, que es encargada de la investigación”, dijo Chimarro luego de que los representantes de la cartera estatal no autorizaran el embarque de miembros policiales.
Ante la situación, Chimarro dijo que el trabajo que realiza la Fiscalía es “una labor en equipo con la Policía”, acotó.
Luego de varios minutos, la decisión se tornó a favor de la Fiscalía y finalmente viajaron con el equipo investigativo.
Juan Sebastián Medina, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia, estuvo presente en la Brigada Napo y guardó silencio cuando se pidió una explicación sobre la situación que se vivió con los funcionarios judiciales como con los líderes waorani.
Casos e investigacionesVinicio Jiménez, exdefensor del pueblo de Orellana, dijo que este problema se ve con impavidez. “La Constitución garantiza la protección de habitantes nacionales o extranjeros y con mayor razón si se trata de miembros waorani o taromenane”, aseguró Jiménez.
El exfuncionario dijo que hay organismos que pueden intervenir en este tipo de situaciones, como en el supuesto ataque waorani. “Hay que aplicar la norma y no se hace nada”, explicó Jiménez.
Además, mencionó sobre otro caso que ocurrió en 2009, en el sector conocido como Los Reyes, comunidad también de Orellana. En aquella ocasión miembros taromenane y tagaeri atacaron a la familia de un maderero de la zona.
Las lanzas atravesaron los cuerpos de una mujer y sus dos hijos, mientras que un niño fue secuestrado por los indígenas y fue encontrado vivo luego de unos días.
En 2011, durante una visita del fiscal general Galo Chiriboga a Orellana dijo que las investigaciones sobre este caso continuarán.
Luego de dos años, el fiscal provincial de Coca, Pío Palacios, solamente dijo que los lanceados de Los Reyes están en indagación previa.
Mientras que en el caso de este nuevo ataque, el fiscal Chimarro comentó que se hacen tramitaciones para que una petrolera, ubicada en la zona del ataque, facilite un helicóptero con el fin de desplazarse al sitio del hecho luego de que sea identificado.