Acaban de avistar a su próximo objetivo: un grupo de siete ‘gringos’, cuatro de ellos mujeres, que buscan farra. Jaime, Carlos y un tercer compañero, que prefiere no revelar su nombre, detienen su charla y se ‘lanzan’ a persuadirlos...
“¡Dos por uno en mojitos!”, grita el primero. “¡Vengan, reinas! ¡Acá está lo mejor de la diversión!”, replica Carlos, que trata de conducir a los jóvenes hacia uno de los locales de la Foch, en el centro de la capital.
Los extranjeros intentan evitarlos. Parecen sentirse avasallados. Tal vez por eso decidan seguir al tercero de los ‘jaloneros’, el único que se ha dirigido a ellos de forma natural. Un guiño y una simple indicación con uno de sus brazos le han bastado para seducir a los visitantes. La comisión, como de costumbre, es un dólar por cliente que entre al bar.
La escena se repite en cada esquina de las cuatro manzanas donde se concentran los establecimientos de ocio de la zona. Hay clientes que ceden a los ‘promotores’ más persistentes, pero también son muchos quienes los evitan.
NUEVAS OPORTUNIDADESPara Jaime y sus dos amigos, que llegaron desde Venezuela, Cuba y Colombia respectivamente, los kilómetros existentes entre sus países y Ecuador son simples líneas fronterizas que los separan de “algo mejor”, ese camino lleno de obstáculos que puede conducirlos a la supervivencia.
Los tres insisten en que solo intentan “trabajar dignamente”, sin importarles demasiado “el qué dirán”. Al igual que ellos, otros cien inmigrantes buscan un ingreso extra en las calles de La Mariscal como ‘flyeros’.
Algunos ‘enganchadores’ están de paso en la Carita de Dios, mientras que otros pretenden establecerse en el país y cambiar el rumbo de sus vidas. Pero a todos les une el deseo de mejorar su situación económica, ya que “acá está el dólar”. Ese detalle, por sí solo, “es una ventaja” para ellos, comenta Jaime, un venezolano que arribó en el 2013 “para probar suerte” y que cuenta con una visa laboral.
Por las mañanas se desempeña en un comercio de telefonía celular y, a partir de las 14:00, presta sus servicios como ‘promotor’ en la plaza del Quinde. “El sueldo en la tienda no es muy alto. Aquí puedo ganar hasta 300 dólares en una semana. Aunque hay otros con un sueldo fijo de 25 dólares diarios”, resalta mientras se mantiene alerta por si alguien lo “está pillando”. Tanto él como sus compañeros tienen miedo de que sus superiores los sorprendan charlando con el equipo de EXTRA. Por eso hablan a hurtadillas, como si escondieran un secreto. El motivo, que su empleo “no es precisamente legal”.
LAS REGLASSegún recogen las reglas técnicas municipales para la zona de La Mariscal, los establecimientos “no contratarán ‘enganchadores’ fuera de los locales o en el área pública”. Pero Carlos resalta que los dueños de algunos bares solicitan sus servicios para poder competir con “los mastodontes que les ganan clientela”.
Tanto él como sus compañeros añaden que no están qui-tando empleo a los ecuatorianos, ya que se trata de una labor que, a su juicio, los quiteños no quieren hacer. “Como en cualquier país del mundo donde se requiere mano de obra que los nacionales no suplen, llegan extranjeros a ‘poner el hombro’ y cobrar menos”, destacan los tres. “Nosotros no llegamos aquí porque quisimos, sino por necesidad y obligación. El sueldo básico en mi país es veinte dólares”, sostiene Carlos.
“En Venezuela existen muchos problemas sociales y delincuencia, te matan por un par de zapatos o un reloj, te secuestran...”, apostilla Jaime en su defensa.
COMPETENCIAPara evitar conflictos entre ellos, los propios ‘flyeros’ han delimitado las zonas donde puede actuar cada uno. La competencia “es dura”, manifiesta el tercer integrante del grupo, que durante la temporada navideña trabajó en una tienda de ropa, dentro de un centro comercial. Pero su contrato solo fue para tres meses y por el sueldo básico.
De ahí que probara suerte en la Mariscal. “Voy a estar dos meses más en Ecuador. Luego iré a Perú o Chile porque quiero viajar”, añade. Además, cree que los quiteños no lo han acogido “cordialmente”. Tal vez porque la presencia de estos ‘anfitriones’ no suele estar bien vista por los lugareños. “Hay quienes nos hacen quedar mal porque ‘acosan’ a los clientes. Y también los hay que han llegado para otros tipos de negocios. Pero no todos somos así. Solo queremos ganarnos la vida”, acota Jaime en referencia a quienes aprovechan la afluencia de gente para vender droga.
La conversación se interrumpe de forma brusca. Los tres jóvenes piden discreción, ruegan al equipo de EXTRA que regrese más tarde y se marchan. Según atestiguan, hay demasiados ‘sapos’ rondándoles…
“O alguien pone orden o lo haremos nosotros”“No hay que confundir inclusión con ilegalidad”, estima Juan Baquerizo, representante de los empresarios y residentes de La Mariscal. “La zona muestra un cambio sustantivo en términos de seguridad”, precisa mientras desgrana el plan piloto que diseñó la comunidad para “llenar el vacío dejado por la no presencia de la Policía Metropolitana” en la zona.
La iniciativa ciudadana incluye tres puntos fundamentales que, según Baquerizo, se han hecho realidad poco a poco. “Primero fue la rehabilitación de inmuebles abandonados. Luego, suprimir a los ‘cuidadores’ de autos en las calles. Y finalmente, nuestro tercer objetivo son los ‘enganchadores’”, especifica el representante, quien a su vez es dueño de un restaurante en el sector de La Mariscal.
A su juicio, los ‘promotores’, en su mayoría cubanos, colombianos y venezolanos, encontraron un nicho donde llevar a cabo una actividad “que es ilegal desde todo punto de vista”.
“Mienten cuando dicen que no hacen daño a nadie. Perjudican a quienes no usan ese servicio, pues generan iniquidad en la oferta”, critica molesto.
Él cree que el trabajo de estos jóvenes está afectando de forma directa a la zona turística más importante de Quito y está provocando una desnaturalización de la cultura capitalina.
“Cuando menos, debería haber un sentido de idiosincrasia. Si van a decirle a alguien ‘mamita rica’, deberían, por último, hacerlo en el argot quiteño. Nosotros no nos referimos a las mujeres como lo hacen ellos”, puntualiza.
Baquerizo recuerda que la normativa prohíbe explícitamente la labor de estos individuos; que ellos, como cualquier otro ciudadano, deben cumplir las reglas; y que su situación social no los exonera de los principios que todo ciudadano tiene la obligación de cumplir.
Desde hace cuatro semanas, la comunidad trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior, Migración, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo para enfrentarse al problema “antes de que la sangre llegue al río”. “Somos una comunidad que se cansó de esperar y mandar oficios (...). El Municipio le ha sacado el cuerpo a su responsabilidad con la seguridad, pero nosotros vamos con todo (...). O alguien pone orden o lo haremos nosotros (...) por las buenas o por las malas”, advierte.
UN PROBLEMA QUE CASI SE LES HA IDO “DE LAS MANOS”Alfredo León, administrador zonal de La Mariscal adscrito al Municipio, manifiesta que la presencia de estos ‘promotores’ en el sector “es una problemática” que casi se les ha ido “de las manos”. Al no ofrecer un servicio tangible y contar con visas laborales, “es muy poco lo que se puede lograr” desde la entidad para regular el trabajo de los ‘flyeros’.
No obstante, señala que, de manera conjunta con otras instituciones municipales como la Agencia de Control y Quito Turismo, se están desarrollando estrategias para crear mecanismos de convivencia entre los extranjeros que trabajan en La Mariscal, los empresarios y los residentes. Pero, según declara, los ‘enganchadores’ no han colaborado ni han mostrado interés a la hora de participar en las reuniones convocadas.
Patricio Velázquez, director de Calidad en Quito Turismo, asevera que el malestar percibido por los agentes y miembros del Municipio ha aumentado desde el año pasado: “Cuando un turista llega a un destino, lo que busca es disfrutar del lugar tranquilamente (...). Y cuando necesita algún tipo de asistencia o información, la solicita en los lugares definidos para el efecto. Cuando ese proceso se realiza al revés, generalmente produce molestias a los turistas”.
Por su parte, Gabriela Larreátegui, supervisora metropolitana de la Agencia de Control, recuerda que el ejercicio de una actividad económica en un espacio público “tiene que contar con permisos” y que, en la zona, la normativa “sanciona a los establecimientos que utilizan ‘promotores’ o ‘enganchadores’”. Ella aprecia una especie de “competencia desleal” entre estos individuos porque gran parte de ellos no respetan a los transeúntes y les inducen “a escoger un determinado local, cuando es la persona quien debe decidir de acuerdo a sus preferencias”. Además, León y Larreátegui denuncian que algunos ‘flyeros’ realizan otras actividades ilegales aún más preocupantes como la venta de drogas o permitir el acceso de menores de edad a los bares.
Los tres funcionarios están de acuerdo en que, si bien es necesario procurar la tolerancia e inclusión de todos los actores ciudadanos, hace falta que las partes participen en el proceso si se desea resolver el problema que afecta al sector.
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