Dos testimonios de tortura, violación y desaparición de personas en Guatemala, entre 1983 y 1985, fueron escuchados ayer durante la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el pasado lunes realiza su 45° periodo extraordinario de sesiones en esta ciudad.
Wendy Santizo Méndez fue la primera en subir al estrado. Narró con detalles ante la corte lo que le ocurrió a ella y a su familia en 1984 (tenía 9 años de edad) cuando miembros de las fuerzas de seguridad de Guatemala ingresaron a su casa.
En su relato aseguró que ella y su hermano (de 11 años) fueron obligados a ver cómo torturaban a su madre Luz Haydeé Mendez Calderón, quien era una conocida dirigente política. “Con unos alicates le quitaron las uñas”, comentó.
Santizo, según su versión, fue violada y en esta parte de su relato contó el tormento que vivió en ese instante, sin poder defenderse.
Los tres fueron llevados a una Comisaría de Policía ubicada en la avenida Bolívar, de la capital guatemalteca. Allí les aplicaron descargas eléctricas y fueron sometidos a otras vejaciones. Finalmente se llevaron a su madre y desde entonces nunca más supo de ella.
Efraín García, de 80 años, también rindió su testimonio acerca de la desaparición de su hija Lesbia Lucrecia García Escobar, el 30 de junio de 1982.
“Ella era dirigente sindical en Guatemala, ese día salía con una amiga cuando un carro oficial la abordó y la embarcaron a la fuerza, desde entonces desapareció”, sostuvo en su relato.
Expresó que pese a las constantes denuncias ante las autoridades de esa época, nunca se investigó su desaparición, pero nunca desmayó en su intento de que se conozca la verdad de lo ocurrido con la sindicalista.
Los dos casos son parte de un total de 183 personas desaparecidas durante la dictadura militar guatemalteca, cuyos nombres aparecen en un documento denominado Diario Militar, que fue conocido públicamente en 1999 y que ha servido como base para acentuar las investigaciones e identificar a los responsables de estos actos cometidos, presuntamente, por la Policía y Ejército de ese país.
En el estrado también estuvo presente Katty Doyle, una periodista que fue quien publicó un artículo basado en el documento que fue hallado en una entidad policial.
Doyle manifestó ante los jueces de la corte que de acuerdo con el Diario Militar, el Ejército fue la institución que planificó las estrategias y operativos contra supuestos opositores al régimen, mientras que la Policía se encargó de la parte operativa, es decir ejecutó las detenciones.
Luego de escuchar las versiones, incluso la del fiscal de Guatemala Manuel Vásquez Vicente, la CIDH tomará al menos dos meses para dar a conocer los siguientes pasos o una eventual resolución.
Los magistrados Alberto Pérez Pérez, Margarette May Mackaulay, Manuel Ventura, Diego García Sayán, Leonardo Franco, Rhadys Abreu y Eduardo Vio Grosso escucharon las ponencias.
Para hoy está prevista una nueva audiencia que tratará acerca de las denuncias de desaparición y posible asesinato, en 1984, del sindicalista Édgar Fernando García, también en Guatemala.