En los ocho años que lleva como conductor de buses interprovinciales Luis Sornoza aseguró que nunca sufrió un accidente de tránsito. Eso no significa que jamás ha pasado por sustos, pero la suerte le ha sonreído hasta ahora. Expresó que su trabajo no es solo manejar y punto.
Es consciente de que una mala maniobra no solo le costaría su vida, sino también la de los pasajeros que transporta. Conduce la unidad 36 de la cooperativa Aerotaxi.
Admitió que no todos sus compañeros del volante actúan de la misma manera. Por eso se molestó cuando por la imprudencia de uno de ellos los miembros del gremio son vistos como criminales sobre ruedas. “No es justo que por uno paguemos todos”, dijo arrugando la frente en señal de rabia.
Utilizó la misma frase para exponer su opinión sobre la disposición de incluir a choferes causantes de tragedias viales dentro de una lista de más buscados.
La medida fue anunciada entre semana por las autoridades del Ministerio del Interior y de la Agencia Nacional de Tránsito.
Según la información proporcionada por los funcionarios, el sistema será similar al de delincuentes más buscados: las personas que brinden información recibirán recompensas económicas.
En el caso de los choferes, los montos que se entregarán irán de los 5 a 20 mil dólares para quienes den pistas sobre el paradero de los prófugos. La primera lista se conformará por aquellos conductores sentenciados como culpables de accidentes de tránsito. Los datos serán recopilados de los tribunales correspondientes. Se habilitará una línea telefónica gratuita y se garantiza completa confidencialidad.
¿Hay que castigar a los conductores irresponsables? “Claro”, respondió Luis, “porque lo que hicieron no está bien. Muchas personas han muerto, pero el castigo debe ser para ellos, los demás debemos aprender de sus errores y trabajar con mucho cuidado”. La decisión de las autoridades cobró fuerza a raíz de los últimos acontecimientos registrados durante la semana, especialmente el ocurrido el martes en la vía a Papallacta con el bus de la cooperativa Amazonas, por el que hasta el momento han fallecido 14 personas, según datos de la Policía.
John Almeida espera en la terminal terrestre de Carcelén mientras llega su turno de partir rumbo al norte del país. Hace 23 años trabaja para la compañía San Cristóbal y maneja la unidad 23.
Compartió la opinión de Luis frente al tema y agregó que la problemática no se solucionará si solo se actúa sobre los choferes. “Es una cuestión en la que todos estamos metidos”, dejó en claro, sin que con esto pretenda defender ciegamente a sus colegas, pues también consideró que deben ir presos los conductores irresponsables. En la terminal terrestre, Jésica Endara aguarda el bus que la lleve a Ibarra. Vive en Quito por sus estudios universitarios y cada fin de semana viaja a su ciudad natal a visitar a su familia. Por su experiencia respalda la idea de elaborar una lista de choferes más buscados.
“Casi siempre que hay un accidente de tránsito en las noticias sale que el conductor se dio a la fuga. Por eso es necesario lo que piensan hacer. Creo que solo de esa manera realmente tomarán conciencia de lo que hacen, sino las cosas seguirán igual”, manifestó.
Contó que una vez el vehículo en el que viajaba por poco se choca contra un auto pequeño por ir compitiendo con otro bus.
Antonio Otavalo, oriundo de Tulcán, consideró que no es suficiente con emprender campañas sociales, poner más policías en las calles, endurecer las leyes o adaptar modernos dispositivos tecnológicos a las unidades de transporte público. “Estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando nos amenazan”.
Cuando sucedió el siniestro del martes, los sobrevivientes mencionaron que el bus accidentado venía compitiendo con otros dos automotores.
Al respecto, expertos en temas viales como Guillermo Abad, de Justicia Vial, han exigido la redistribución de rutas y frecuencias a nivel nacional para evitar que dos o más unidades tengan el mismo recorrido a la misma hora, que al final terminan en pugnas por ver quien llega primero a las paradas y así ganar pasajeros.
Otro aspecto altamente debatido es que las sanciones no solo deben centrarse en los conductores, sino también en los responsables de emitir las licencias.
Ricardo Onofre, presidente del Sindicato de Choferes Profesionales, se suma a estos reclamos y añade que urge “la implementación de la tan anunciada caja común en todo el sistema de transportación, con lo que cada cooperativa percibirá los mismos ingresos económicos”.
En cuanto a la medida anunciada por los organismos estatales, el dirigente precisó que el conductor no debe equiparárselo con un delincuente común. “Si quieren hacer eso, primero deben reformar las leyes”, indicó.