“No vamos a permitir que el pueblo waorani vuelva a ser engañado”, sentenció Kawetipe Yeti, presidente de la nacionalidad indígena radicada en la selva amazónica.
Yeti tuvo conocimiento de la resolución de la Defensoría del Pueblo, respecto a la extracción ilícita de ADN, el 27 de junio pasado.
Mediante una carta, el dirigente solicitó una audiencia directa con el presidente de la República, Rafael Correa, para abordar a fondo la problemática que, según dice, no es un hecho aislado.
Hace tres días recibió una respuesta en la que se le indicaba que es María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio, la única autorizada a responder sus interrogantes frente a lo sucedido.
Diario EXTRA buscó el pronunciamiento oficial de dicha cartera de Estado, sin embargo, en el departamento de comunicación nos indicaron que se estructura la información pertinente al tema.
Lo que más preocupa a Yeti es saber “cómo fue posible que los brigadistas extranjeros pudieran sacar del país las muestras de sangre sin que el Estado lo supiera”.
Otro aspecto es que hasta el momento no existe ningún proceso judicial.
El hecho ocurrió entre los años de 1990 y 1991, en la comunidad Yawempare, parroquia Dayuna, del cantón Coca, en la provincia de Orellana.
Por testimonios de indígenas se logró conocer que en aquel entonces dos brigadistas norteamericanos, uno de los cuales era galeno de la petrolera Maxus, extrajeron sangre a los nativos al argumentar que lo hacían para examinar su salud y entregar medicamentos. Pero la supuesta ayuda jamás se concretó y nunca conocieron cuáles fueron los resultados de las muestras recogidas.
La Defensoría descubrió que el ADN waorani fue a parar al Instituto Coriell, situado en Estados Unidos, el cual ha distribuido a ocho países cultivos celulares y muestras localizados en el Biodepositario Celular número GM11776, que era ofertado a través de su portal web: http://ccr.coriell.org.
EXTRA ingresó a la página citada y al buscar el catálogo donde se encontraba el ADN indígena, el resultado dio negativo.
A partir de la denuncia, las nacionalidades indígenas se organizan para evitar que nuevamente sean engañados.
Por medio de la radio comunitaria Waorani se ha comunicado a todos sus miembros que deben estar atentos a las personas que ingresan a su territorio, así como las actividades que realicen durante su estadía.
Yeti aclaró que las únicas brigadas médicas autorizadas para entrar al pueblo indígena serán aquellas que tengan permiso del Ministerio de Salud.
Quienes vayan a entrar a territorio waorani primero deben informar lo que harán y cuál es la finalidad de su visita.
La diligencia estudia llevar el caso a Derechos Humanos y cortes internacionales si no obtiene una respuesta oportuna por parte del Estado.
En la resolución de la Defensoría se revela que los brigadistas “se aprovecharon de la situación para realizar estudios genéticos no solo del ser humano, sino también de las plantas y animales, y también apropiarse de los conocimientos de los pueblos indígenas”.
En el 2010, el Instituto Coriell respondió una carta del Ministerio de Patrimonio al indicar que es una “organización sin fines de lucro que provee recursos genéticos para que científicos estudien enfermedades humanas”.
Son varias las interrogantes sobre el caso, puesto que aún no se dispone de información de parte de la Escuela Médica de Harvard, donde se explique cómo consiguió las muestras entregadas al instituto.
Tampoco se conoce quién permitió el ingreso de los brigadistas y médicos de Maxus hacia las comunas nativas, ni cuántas muestras se recolectaron. (VS)