Durante más de seis horas, amigos, familiares y allegados de los diez jóvenes integrantes del Grupo de Combatientes Populares, aguardaron en las afueras del Palacio de Justicia a la espera de que culminara la audiencia de dictamen en contra de ellos.
Con carteles en mano, entregando volantes y gritando consignas de libertad, la gente insistía en que la prisión de los procesados no es más que una “persecución política”.
Los involucrados fueron apresados el 3 de marzo pasado, mientras se encontraban reunidos en una vivienda en el sector de Luluncoto, sur de Quito.
Según la Fiscalía, los implicados formaban parte “de un grupo de terroristas” que buscaba “tomarse el poder mediante las armas”, además los calificó como los autores de la explosión de varias bombas panfletarias que fueron detonadas en Quito, Guayaquil y Cuenca durante noviembre del año pasado.
Ana Cristina Campaña, Pablo Castro, Héctor Estupiñán, Luis Gallegos, Cristhian Gómez, Jesenia Heras, Luis Merchán, Víctor Hugo Vinueza y César Zambrano llevan cuatro meses en la cárcel.
En cambio Fadua Tapia, también implicada, tiene medidas sustitutivas debido a su estado de gestación.
La Fiscalía dijo además que este grupo no actuaba solo, sino que “recibía financiamiento de grupos políticos conocidos en el país”.
El proceso
A puerta cerrada, y sin permitir el ingreso de los medios de comunicación, el juez Décimo de lo Penal inició la audiencia.
El fiscal José Luis Jaramillo decidió presentar cargos en contra de los involucrados por el delito estipulado en el artículo 160.1 del Código Penal, que establece la sanción de cárcel en un período de cuatro a ocho años por terrorismo organizado.
Ramiro Vinueza, hermano de uno de los procesados, manifestó que las pruebas de la Fiscalía no van más allá que “cds de música revolucionaria, libros de derecho, agendas con imágenes del Che Guevara, computadoras y teléfonos celulares”.
Natasha Rojas, quien también acudió al Palacio de Justicia para solidarizarse con los apresados, aseguró que todo se trata de un “intento del Gobierno de criminalizar la libertad de expresión y pensamiento”.
Rojas explicó que en la reunión de marzo los jóvenes capturados “únicamente debatían sobre el proyecto del buen vivir del régimen vigente y que los objetivos nunca fueron desestabilizarlo”.
La preocupación de los familiares de los combatientes es la presión que pueda existir sobre la decisión judicial y lo que resta del proceso.
En el caso de Jafet Leiton es lamentable para él mirar como su novia Cristina Campaña, quien además de ser una profesional era el sustento de su familia, debe pasar encerrada por un delito que supuestamente no ha cometido
Leiton explicó que Cristina mantenía la casa, pues su padre solo logra tener ciertos negocios esporádicos mientras que su madre es lavandera.
Un drama similar vive Jesenia Heras, quien es madre de un niño de 3 años, a quien dejó a cargo de sus padres.
“Cómo es posible que le arrebaten a su madre, los derechos de los menores deben prevalecer ante todo”, dijo Rojas.
Hasta el cierre de esta edición, la audiencia no culminaba y aún se esperaba que el juez se pronuncie sobre el planteamiento de Jaramillo.