“No nos interesa el contenido de los equipos de la revista Vanguardia”, afirmó Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales, en rueda de prensa ofrecida ayer sobre la incautación realizada al impreso la tarde del martes.
Lo dijo porque delegados de la cartera de Estado, escoltados por policías, tomaron sillas, computadoras y demás maquinaria informática como parte de un proceso coactivo contra el medio.
Vacas argumentó que se decomisó el material porque “no se encontraron más activos”, es decir, como una especie de garantía que será devuelta a la revista una vez que se cancelen los 26.240 dólares de multa (incluidos intereses), adeudados por dos procesos en el 2010 y este año.
El primer proceso resolutivo data de noviembre del 2010 y por no contar con personal discapacitado dentro de la nómina se estableció una multa de 20.400 dólares.
El 18 de enero del año en curso se impuso una nueva sanción de 5.840 dólares por no presentar ni contar legalmente los siguientes aspectos: roles de pago de trabajadores, contratos de trabajo legalizados, formulario de utilidades correspondientes al 2011, no exhibir planillas de aporte al IESS, no poseer reglamento interno autorizado.
Otra de las razones, agregó Vacas, fue haber realizado descuentos a un trabajador sin que conste en el reglamento.
Previo a estas dos acciones, la revista logró suspender otro proceso de marzo del 2010 con una sanción de 37 mil dólares.
El ministro sostiene que la empresa Gran Tauro (Grantau Ci. Ltda.), que maneja a la revista, fue notificada por tercera y última vez el pasado 12 de julio.
Sin embargo, Iván Flores, editor del impreso, dijo que fueron notificados el lunes 30 de julio, con lo que no se cumplió con el plazo de tres días de apelación.
Desmintió que no se cuente con empleados discapacitados. Según informó el martes, durante la rueda de prensa ofrecida horas después de la incautación, existe una persona con capacidades especiales que labora en la empresa desde hace varios años.
Vacas responde que una personas con discapacidad será tomada en cuenta dentro de la nómina solo si posee el carné del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).
Flores expresó su preocupación por el contenido de las computadoras, ya que en la primera incautación en diciembre del 2010 realizada por el Fideicomiso CFN-AGD No Más Impunidad, por problemas de arrendamiento, los discos duros decomisados fueron entregados sin la información que poseían.
Sin embargo, el ministro insiste que los aparatos no han sido ni serán manipulados
Por su parte, Juan Carlos Calderón, director de Vanguardia, apunta a que si llegan a ingresar a las máquinas será fácil demostrar que lo hicieron mediante un peritaje.
Para Calderón lo ocurrido no es más que una clara señal de persecución por la línea editorial del medio.
Admite que la parte administrativa tuvo dificultades que afectaron a la redacción.
“Es claro que se trata de una persecución administrativa. Capaz si éramos un medio público, allegado al Gobierno, no pasaba esto y esperaban a que la situación se solucionara”, sostiene el periodista autor del libro Gran Hermano, donde se revelan supuestos contratos entre el régimen y empresa de Fabricio Correa.
El martes, Calderón dijo que “este es el costo de un periodismo libre”. Añadió que continuarán trabajando con normalidad e incluso, si tienen impedimentos, publicarán sus investigaciones “hasta en las paredes”.
Actualmente el personal de Vanguardia labora en las mismas oficinas con sus computadoras personales en la elaboración de las notas a publicarse en la próxima edición.
Frente a las múltiples muestras de respaldo, de diferentes personalidades que hasta han ofrecido contribuir con equipos, Calderón dijo que de momento utilizarán sus propios recursos.
Desde junio el Ministerio de Relaciones Laborales ha realizado 750 inspecciones de trabajo a medios de comunicación públicos y privados. Los resultados se darían a conocer a mediados de agosto. (VS)