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Prisión preventiva para implicados en falsificación de firmas en el CNE

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Con un fuerte resguardo policial, la noche del martes fueron trasladados hasta la sala de audiencias de la Policía Judicial del Guayas, Fabián Caicedo, Fernando Morla y Ángel Bowen para la formulación de cargos, ya que según las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), estarían involucrados en el delito de falsificación de firmas.
Esta diligencia estuvo presidida por el juez temporal Vigésimo Octavo de Garantías Penales, José Torres, el delegado de la Fiscalía General del Estado y los abogados defensores de los sospechosos.
En su intervención, el delegado de la Fiscalía mencionó que tras la denuncia presentada por el abogado del CNE, Norman Pérez, se inició una investigación en contra de los procesados, quienes fueron detenidos la mañana del martes en sus domicilios en Guayaquil, con boletas de captura emitidas el 13 de agosto por el juez de Pichincha, Nelson Cadena.
Caicedo, quien es máster en informática, en su defensa argumentó que trabaja en el Consejo Electoral y que empezó conformando datos de firmas en el área técnica en conjunto con el área política.
“Querían formar una base de datos y con ese patrón se hace la conformación de la firma electoral. Es fácil para cualquier persona obtener nombres completos y números de cédula mediante un servicio, ya que el Registro Civil tiene ese secuencial. No es ciencia la comparación de firma, pero no sé bajo qué parámetro dicen que hubo falsificación”, explicó el imputado.
Asimismo, Fernando Morla indicó que fue contratado para recibir unas hojas con firmas incluidas. “Mi servicio era traer la orden de firmas y verificar el número de cédula. El CNE hizo una contraloría, escaneábamos la hoja de revisión de los digitadores y poníamos con lápiz los nombres. Nosotros no éramos quiénes para decir si eran válidas o no las hojas que recibíamos con firmas incorporadas”. Pese a estas intervenciones, el juez concedió la medida solicitada por la Fiscalía, ordenando la prisión preventiva bajo el delito de falsificación de firmas.
Los defensores de los procesados, indignados por la resolución, calificaron como “absurda” su decisión.



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