Con los nervios de punta recibirán el nuevo año cerca de 200 personas que se sienten afectadas por la empresa Unión Constructora.
Javier Herrera asegura que hace dos años firmó un contrato con la empresa para tener su casa propia en el sector de San Fernando, al norte de la ciudad.
“En el contrato decía que al pagar el 30% del precio final, luego de un año se entregaba el inmueble, pero hasta ahora no podemos habitar en el lugar”, dijo.
Javier se ha puesto a la cabeza para organizar a otras 200 personas que supuestamente se han visto afectadas con viviendas en diversos sectores de Quito.
“El problema no es solo la demora en la entrega, otros compradores han separado la casa que les ofrecieron y cuando van a verla e otra familia vive allí”, comentó Herrera.
Para el ciudadano fue una sorpresa descubrir que el lugar donde se encuentra ubicada la casa que compró no cuenta con los permisos municipales, ni algunos servicios básicos.
Durante la última semana 50 personas que tienen los mismos problemas se reunieron para colocar una denuncia a la constructora.
Algunos de los supuestos afectados piden la devolución del dinero que han entregado para no tener que soportar más dolores de cabeza, mientras tanto otros como Javier aún guardan la esperanza de que se puedan solucionar las irregularidades.
“No quiero que me devuelvan mi plata, solo quiero mi casa, nada más”, dijo Herrera.
En la puerta de la constructora se colocó la tarde del viernes un comunicado, en el que se indica que se atenderá a partir del 7 de enero.
La explicación que le dieron a Herrera es que la empresa se encuentra en reestructuraciones y por ello durante los primeros días de enero trabajará a puerta cerrada.
“La gente tiene miedo de que para la fecha indicada las puertas continúen cerradas y nadie responda por nuestro dinero y por las casas”, comentó Herrera.
Los involucrados esperan poder dialogar con el gerente de la constructora para llegar a un acuerdo y que la compra de una vivienda no se convierta en una verdadera pesadilla. (MBM)