Ayer se conoció que cuatro de los 13 adolescentes que se fugaron del Centro de Adolescentes Infractores de Riobamba (CAI) fueron condenados a cuatro años de prisión.
Su captura se dio luego de cometer varios hechos ilícitos en distintas ciudades y se los involucra en el asesinato de tres personas.
Uno de ellos, el crimen del policía Jorge Guamán, quien aparentemente fue victimado con el arma de uno de sus compañeros que fue amordazado por los muchachos en el momento de la fuga.
Durante el sepelio del gendarme, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que no va a permitir que menores de edad, escudados por los derechos humanos, no sean juzgados como delincuentes.
“No podemos comparar a la juventud del Ecuador con un delincuente que tiene la audacia de sacar un arma y matar a un ciudadano”, expresó el funcionario.
Durante la rueda de prensa para informar sobre las detenciones, Fabián Racines, representante del Ministerio del Interior, dijo que “tenemos que proceder de acuerdo con la Constitución y con las leyes vigentes. Lo que tratamos es de motivar a las instancias legislativas para que tomen en cuenta que los menores deben responsabilizarse de los actos irregulares que cometen”.
¿Juzgados como adultos?
Luego de un mes y medio de la muerte del agente Jesús Chimbolema, quien fue asesinado por un menor de edad el pasado 23 de marzo en Quito, la justicia condenó a tres años y medio de reclusión a la persona responsable el 8 de mayo.
Así lo detalló Jesús Chimbolema, padre del policía fallecido, y a pesar del dictamen acusatorio no se siente contento por el fallo. “Lamentablemente las leyes son así y tenemos que aceptar. Hacer una apelación para que el sujeto sea juzgado nuevamente no se puede porque la ley no lo permite”, dice con pesar Jesús Chimbolema por el caso de su hijo.
Este expolicía considera que se deben hacer cambios a la ley que juzgan a menores infractores y lo dijo no solo por su hijo, sino por el caso de las tres personas asesinadas supuestamente por uno de los chicos que se fugó del Centro de Adolescentes Infractores de Riobamba.
Sin embargo, los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos y el abogado Ramiro Román considera que tiene que darse un debido proceso tanto para las víctimas como para los menores de edad en los trámites judiciales.
“En este caso no se puede hacer expansiones, sino que se tiene que dar un equilibrio sobre la aplicabilidad del sistema constitucional. No se puede expandir la pena porque se rompe un asunto que tiene que ver con protección”, asegura el jurisconsulto.
Román explica que no pueden haber casos o leyes de excepción porque la Constitución, en los derechos de protección, dice que no se pueden juzgar a las personas con procedimientos excepcionales.
Aunque Ledy Zúñiga, viceministra de Seguridad Interna encargada, se refirió al tema y detalló que “este tipo de realidades van a tener que ser analizadas para ver si se puede integrar o reformular en el nuevo Código Penal que se está planteando.
“Pero hoy por hoy, la ley es clara y las sanciones establecen que las medidas socieducativas deben cumplirse en un lapso de cuatro años”, dijo Zúñiga sobre el caso de los adolescentes aprehendidos.
Dos de ellos están involucrados en asesinatos, aparte de los crímenes cometidos recientemente luego de su fuga. Uno de ellos estaba condenado a cuatro años de prisión por asesinato, y en su poder, según la Policía, se encontró el revólver con el que mató al gendarme Guamán. DERECHOSHarold Burbano, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), detalló que en el caso de que los jóvenes fugados de Riobamba sean incluidos en la lista de los Más buscados se está violando sus derechos de niños, niñas y adolescentes.
Esto tras las declaraciones del ministro Serrano que detalló “espero que las organizaciones de derechos humanos me pongan un juicio a mí y a nuestro Gobierno porque vamos a mostrar a este individuo que deja de ser un simple adolescente y pasa a ser un delincuente”.
Sin embargo, Burbano considera que deben existir medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones. “Escuchamos en declaraciones del ministro Serrano que una de las directoras abrió la celda de castigo. ¿Por qué dentro de un centro hay este tipo de celdas?”, se pregunta Burbano.
Considera que deben haber medidas preventivas “y no punitivas para destruir la vida de un chico”.