Zabala es señalado como responsable de detener a Castro el 1 de agosto de 1977, cuando la víctima tenía 68 años de edad, en un operativo que sabía que era ilegal, según reconoció el propio agente ante la Justicia.
En el mismo auto, el juez determinó no procesar por este crimen al excoronel de los servicios secretos de la dictadura uruguaya, el general José Nino Gavazzo.
El magistrado señaló que no existe evidencia suficiente para probar que Nino Gavazzo fuera el jefe del destacamento que ordenó el secuestro y la muerte del veterano maestro y periodista.
El represor se encuentra en prisión condenado por el asesinato de 28 opositores y también es juzgado por su responsabilidad en la muerte en 1976 de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman.
Macarena fue arrebata de su madre al nacer y entregada a un policía y a su esposa, y no recuperó su identidad hasta los 23 años.
Aunque la desaparición de Castro fue denunciada de inmediato, la investigación comenzó en 1985, si bien quedó paralizada hasta el año 2010 debido a la aplicación de la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura (1973-1985).
Sin embargo, el actual presidente uruguayo, José Mujica, autorizó la reapertura del caso en 2010, y se iniciaron pesquisas bajo la idea, surgida tras interrogar a varios militares, de que el maestro habría muerto a causa de las heridas provocadas por las torturas.
El hallazgo de un cuerpo en octubre de 2011 en un predio militar y su posterior identificación como los restos de Julio Castro supusieron un vuelco en la investigación.
La autopsia reveló que Castro había sido ejecutado de un disparo en la cabeza, atado de pies y manos, y tras haber sido torturado, para ser enterrado en los terrenos de un cuartel bajo una capa de cal viva.
Esa revelación llevó a militares uruguayos en activo a pedir por vez primera el esclarecimiento del crimen y el enjuiciamiento de sus responsables.
En octubre pasado el Parlamento uruguayo aprobó una ley para impedir la extinción de los delitos cometidos durante la dictadura por la policía y las Fuerzas Armadas, cumpliendo las recomendaciones emitidas meses antes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman.
El próximo 21 de marzo, por iniciativa del Gobierno de Mujica, el Estado uruguayo realizará un acto público para pedir perdón por aquellos crímenes a las víctimas y sus familiares.
El mandatario indicó el lunes que le gustaría que las Fuerzas Armadas lo acompañaran en ese acto.
El Ejército respondió hoy que es al Estado y no a los militares al que le corresponde pedir perdón y que solamente irá al acto como invitado.
"Los que piden disculpas son los jefes y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa", dijo el comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Aguerre, a la prensa local.
EFE
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