La deflagración "destruyó cuatro casas, pero afortunadamente no hubo víctimas", dijo Murillo desde Bajo Baudó, localidad chocoana a la que viajó para un encuentro público sobre salud y nutrición, que son los problemas más acuciantes de los habitantes de su región.
"Rechazamos este tipo de acciones, porque la afectada es la población civil", agregó el gobernador, que atribuyó el ataque al frente 57 de las FARC.
El funcionario observó que la acción ha sido la primera de su naturaleza que los insurgentes cometen durante los siete días que lleva el "paro armado" de una semana que declararon a finales de febrero pasado.
Los guerrilleros lo hicieron mediante panfletos que pusieron en circulación entre los pobladores y en los que advirtieron de amenazas a quienes no paralizaran sus actividades rutinarias, entre ellas las comerciales y del servicio de transporte.
El gobernador Murillo admitió a Efe que la parálisis presionada ya se siente con la escasez de víveres y de combustibles, así como con el práctico cese en el transporte de pasajeros y cargas, que mayoritariamente es por vía fluvial.
"Con la fuerza pública pudimos asegurar las carreteras a Medellín y Pereira (ciudades de regiones vecinas al Chocó), pero no hay pasajeros, por temor", se lamentó el funcionario, para quien los rebeldes han buscado generar pánico y desestabilizar el departamento, cuya población mayoritaria es negra e indígena.
Murillo resaltó que las fuerzas de seguridad, con su despliegue y operaciones, han evitado actos violentos o de sabotaje por parte de los rebeldes, que en los panfletos fijaron como fin del "paro armado" el día 8 de marzo.
"Esperamos sortearlo sin mayores dificultades", apuntó el gobernador del Chocó, región en la que las FARC mantuvieron en el pasado una fuerte disputa territorial con la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
EFE
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