Salvador Quishpe, del partido opositor indigenista Pachakutik y prefecto de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, donde se ubica la explotación, dijo a Efe que a los organizadores les da igual si mañana en El Pangui son "diez, cien o mil, lo importante es que se manifieste el pueblo".
Quishpe acusó al gobierno de boicotear la manifestación liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, y de ponerles trabas para que la realicen.
Por su parte, Correa señaló que las marchas convocadas para mañana tienen toda la garantía en un Estado de Derecho, siempre que sean pacíficas, según el diario oficial El Ciudadano.
"Nosotros también tenemos derecho a convocarla, ¿eso es boicotear? Es demostrar con quienes están las grandes mayorías", afirmó.
Por su parte, la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, dijo que hay grupos de la oposición que quieren "desestabilizar" al Gobierno, por lo que el Ejecutivo ha pedido que se realicen diferentes acciones los mismos días de la marcha.
La movilización indígena surgió en oposición a los planes del gobierno de introducir la minería a gran escala en el país.
La primera mina de ese tipo es "Mirador", ubicada en El Pangui, que explotará Ecuacorriente, filial de dos empresas chinas y cuyos representantes firmaron el lunes el contrato con el Gobierno.
Ese mismo día, ocho mujeres ingresaron a la Embajada china de Quito para entregar una carta de protesta dirigida al embajador, Yuan Guisen.
Se negaron a salir y finalmente la policía las sacó a la fuerza del recinto, las introdujo en un autobús y hubo forcejeos con una veintena de manifestantes que estaban fuera y que se llegaron a tirar al suelo delante del vehículo.
Quishpe denunció que debido al contrato con la empresa china se sacarán los recursos ecuatorianos para ir al país asiático.
Ecuacorriente exportará un concentrado de cobre, que se refinará en China, por lo que a juicio del prefecto Ecuador no podrá controlar la extracción de la empresa en el país, al tiempo que esta actividad también contaminará las aguas y la naturaleza de la zona, en su opinión.
"China nos va a meter la goleada del siglo XXI contra los intereses nacionales", afirmó Quishpe, quien acusó a Correa de violar "la Constitución" porque el área de la concesión está en la cordillera del Cóndor, una reserva de la biosfera, según dijo.
En cambio, Mauricio Núñez, vicepresidente legal de Ecuacorriente, dijo hoy en una rueda de prensa en Quito que el área de explotación está fuera "del bosque protector", lo que le ha permitido a la empresa recibir ya el permiso del Ministerio del Ambiente para iniciar las obras.
El gobierno ha defendido los beneficios para el país del proyecto, con el que el Estado ecuatoriano prevé ingresar 20.000 millones de dólares en los 25 años de contrato, según el ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor.
El ministro ha destacado que la empresa tiene la obligación de crear un fondo para reparar los daños ambientales para que cuando se vaya deje la zona de explotación como se la encontró.
Por su parte, Tola recalcó que las manifestaciones en pro del gobierno convocadas para mañana "lo que buscan es informar a toda la ciudadanía sobre todo los aspectos" que han "avanzado en estos cinco años y evitar la desinformación que en muchos casos se basa la convocatoria de la oposición".
Informó de que mañana hay una manifestación convocada por organizaciones de mujeres que reconocen la labor que ha hecho el gobierno por la garantía de sus derechos, como el acceso a la educación, la lucha contra la violencia de género o el acceso a la seguridad social.
EFE
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