Redacción Quito
El abogado de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), Alejandro Salguero, declaró ayer en la audiencia de sustanciación contra Diario EXTRA que “no somos competentes para determinar que exista un impacto psicológico morboso” en la información que publica este medio.La Supercom inició, el 4 de noviembre pasado, un nuevo procedimiento administrativo sancionatorio contra EXTRA por “presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 10, numeral 3, literal D, de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC)”, en el que se detalla que el medio de comunicación debe “evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares”.Eso, debido a la fotografía de portada que se publicó el 1 de octubre de 2015 con el título “¡‘Plomo’ en medio ‘chateo’!”, en la que aparece un cadáver cuyo rostro fue difuminado. También, porque se utilizaron “colores llamativos como el amarillo, que representa una alerta, que ayuda a resaltar el hecho noticioso”. Esto consta en las conclusiones del informe técnico de la Supercom, el cual fue rechazado por Johnny De La Pared, abogado defensor del medio de comunicación, quien además argumentó que este diario no ha incumplido ningún artículo de la Ley de Comunicación.
De La Pared dijo también que quienes realizaron el informe habrían “prejuzgado al medio”. Sin embargo, Salguero rechazó esa aseveración e indicó que “el medio, comunicacionalmente en la construcción de este contenido, no ha evitado el tratamiento morboso de la información”.Sin embargo, el abogado de EXTRA señaló que “en ninguna parte de la ley se desprende con exactitud la definición de morbo o morboso; tanto es así que en el informe jurídico se hace una especie de definición de lo que es morbo, en la página 15”.
La Real Academia de la Lengua define al morbo como “enfermedad o alteración de la salud”, por lo que el abogado pidió al director de Procesos de la entidad, Mauricio Cáceres, que llame al estrado a quienes se encargaron de realizar el informe técnico, es decir, al intendente nacional de Vigilancia y Control de Comunicación, Gustavo Vimos; así como también al director nacional de Vigilancia y Control de medios impresos encargado, Wilman Sánchez.Vimos y Sánchez afirmaron no tener título académico o experiencia en psiquiatría que avale técnicamente si algo es morboso o no. También negaron tener la facultad para medir técnica y cuantitativamente el morbo de la noticia en los lectores, y que tampoco realizaron un estudio técnico estadístico, objetivo e independiente que cuantifique el morbo de la publicación en los lectores.Sin embargo, el abogado de la Supercom señaló que los técnicos comunicadores que hicieron el informe lo realizaron en base al tratamiento comunicacional y no psiquiátrico.
Este es el cuarto proceso iniciado en contra de EXTRA relacionado a un supuesto tratamiento morboso a la información, con el cual, una vez más, se evidencia la persecución contra este medio de comunicación. (ER)
Supercom midió “impacto comunicacional”La Supercom aseguró que midió el impacto comunicacional en aproximadamente 400.000 lectores de EXTRA.Frente a ello, Juan Manuel Yépez, editor general de Diario EXTRA, quien estuvo presente en la audiencia, pidió la palabra e hizo un llamado al sentido común: “En cuanto a los impactos comunicacionales, denme una muestra, un estudio estadístico de que de los aproximadamente 400.000 lectores uno reportó morbo en la información”.“La Supercom ha dicho claramente que no está facultada para determinar el tema de morbo en la información. Como periodista, sigo pensando que aquí no hay garantías para ejercer el periodismo”, detalló el editor.Por su parte, Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), indicó que lo que está haciendo ahora la Supercom “es cuestionable”, ya que “los procesos que inicia son con argumentos que tienen que ver con la subjetividad del acusador y del juzgador”.Eso, debido a que “la Ley lo permite, porque fue construida de una manera incorrecta”, acotó.“Este tipo de argumentos conducen a una inseguridad jurídica y a una aplicación arbitraria de la ley. Este es uno más de los procesos que hemos rechazado como Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos”, concluyó Cornejo.
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