La ecuatoriana residente en Florida, Narcy Novack (Narcisa Véliz Pacheco), compareció ayer en un tribunal de Nueva York, implicada en las muertes de su marido y de su suegra.
Su hermano Cristóbal Véliz, de 57 años, también es acusado en el caso, aunque ambos han declarado su inocencia.
A los ellos se los culpa de contratar asesinos que dieron muerte a Bernice Novack (suegra) en su hogar en Florida y a su hijo Ben Novack (esposo) en un hotel en Nueva York.
Él y su madre fueron muertos a golpes en el año 2009, Narcy Novack fue acusada de intentar apropiarse de los bienes de la familia y en caso de comprobarse su culpabilidad podría ser condenada a cadena perpetua.
“Se trata de un plan diabólico de una mujer que deseaba eliminar a su esposo y apoderarse de su fortuna”, destacó la fiscal del condado de Westchester, Janet DiFiore, cuando acusó a Novack.
Dos hombres se declararon culpables de perpetrar el asesinato y estaba previsto que también rindan testimonio a favor de la Fiscalía; pues se presume que fueron contratados por Novack y su hermano. Otros dos hombres también se han declarado culpables.
Tres meses antes, la madre de Ben Novack, Bernice Novack, de 86 años, fue hallada muerta en su residencia de Fort Lauderdale.
El forense describió en un principio esta muerte como un accidente, pese a que la fallecida tenía la mandíbula rota; además se hallaron manchas de sangre en el vehículo y en las paredes de la casa de la misma. Las fotografías mostraban a la mujer en medio de un enorme charco de sangre.
La muerte de Bernice Novack implicaba que la herencia que Ben Novack recibiría de su padre sería mayor. Cuando Ben Novack fue asesinado, Narcy Novack estaba en la línea de la herencia.
Sin embargo, la hija de la mujer, May Abad (hijastra de Ben Novack), presentó una demanda en Florida que impidió a Novack acceder a la herencia.
Si a Narcy Novack la declaran culpable, la herencia calculada en 10 millones de dólares irá principalmente a los hijos de Abad, quien se prevé será testigo en el juicio.
Abad estuvo implicada en un incidente que propició que la defensa impugnara la integridad de la investigación.
El fiscal Elliott Jacobson reveló en marzo que un detective del condado en el caso entregó 5.000 dólares a Abad para reubicarla, después de que ella expresara que temía por su seguridad.
El detective fue retirado del caso, pero el abogado de la defensa, Howard Tanner, dijo que el pago muestra que “la investigación tenía fallas y carecía de imparcialidad desde el principio”.
Tanner dijo que podría utilizar este incidente para impugnar la credibilidad de Abad.