Se llevaron computadoras, teléfonos y hasta las sillas... Funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales llegaron a las instalaciones de la revista Vanguardia, al norte de Quito, acompañados de una docena de uniformados. Por segunda ocasión el medio de comunicación fue despojado de sus pertenencias.
A las 15:00 la Policía empezó a sacar los equipos. En el piso inferior la escena era otra: Carlos del Pozo, abogado de la revista, discutía con dos uniformados que lo querían sacar. Lo acusaron de haber cerrado la puerta en la mano de uno de los delegados del Ministerio.
Con la corbata y la camisa desarregladas, Del Pozo fue escoltado fuera de las oficinas. La Policía terminó de llenar dos camionetas del Ministerio con los equipos de la revista. Partieron de inmediato.
Según uno de los oficiales, el secuestro de bienes fue por orden del Ministerio y el abogado sería llevado a la Fiscalía.
Con varios papeles en sus manos, Carlos Guerra, coordinador jurídico del Ministerio, supervisó el secuestro de bienes. Señaló que se trataba de un incumplimiento de obligaciones laborales, pero no dio más detalles. La deuda ascendería a unos 22.000 dólares.
Iván Flores, editor general de Vanguardia, denunció que esta es la segunda vez que un delegado de ese Ministerio actúa como representante de la justicia y secuestra sus bienes. Se llevaron los contenidos que sustentan las investigaciones de la revista, indicó.
Los periodistas contaron que la orden de allanamiento llegó el lunes. Ellos no conocen detalles. Creen que se trata de un incumplimiento con la cuota de personal discapacitado y la ausencia del reglamento en las paredes de la oficina. Según Flores, el abogado está en la Policía Judicial. (ANA)