La diversión se les acabó a los clientes de centros de tolerancia ubicados sobre la avenida Eloy Alfaro, al norte de la urbe. Un operativo organizado por la Intendencia de Policía de Pichincha ingresó a estos locales para supervisar las condiciones en las que laboran las trabajadoras sexuales.
Lo que descubrieron no los sorprendió: colchones viejos, espacios reducidos donde se consuman las relaciones, paredes plagadas de moho y humedad, baterías sanitarias inservibles, entre otros aspectos que denotaban insalubridad por todos lados.
Esto implica un alto riesgo para las mujeres que ejercen la prostitución, así como para las personas que acuden a esos sitios a comprar un poco de amor y caricias.
Eso fue razón suficiente para clausurar los locales, en medio de las protestas de las chicas que se vieron obligadas a recoger sus cosas y marcharse temprano.
“Con los controles no solo se busca inspeccionar y sancionar, sino también comprometer a los propietarios a mejorar sus establecimientos, que funcionen de acuerdo a normas legales y salubres”, indicó Fausto Velásquez, intendente de Policía.
Lo hecho en los últimos días es un anuncio de lo que se vendrá: controles inesperados y más rigurosos en toda la ciudad.
Cabarets entre casas
En la zona industrial del norte de la urbe existen numerosos centros de tolerancia que funcionan sin mayores novedades porque lo hacen dentro de los lugares permitidos.
Sin embargo, como se ha evidenciado en múltiples operativos realizados por diferentes órganos de control, se ha comprobado que dentro de zonas residenciales funcionan establecimientos de diversión para adultos, lo cual no es legal.
Un ejemplo de ello es un night club localizado en la avenida Diego de Vásquez y Mariscal Sucre, en Ponciano Alto, conocido como Lote 80.
Este establecimiento se halla rodeado de viviendas, pequeños negocios y a pocas cuadras existen varios centros de educación secundaria.
Moradores y comerciantes aseguran que la presencia del cabaret atrae a la delincuencia, especialmente en las noches.
“Al día siguiente de lo que abren, la calle y la vereda amanecen sucias con botellas de licor, colillas de cigarrillos y hasta preservativos. Es algo insoportable”, indicó un ciudadano que trabaja cerca.
Por algunas ocasiones el local ha sido clausurado por las autoridades, ya sea la Comisaría Municipal o la Intendencia de Policía, pero eso no ha sido un obstáculo para que deje de funcionar.
“Muchas veces les han cerrado, pero al otro día regresan campantes como si nada hubiera pasado”, comenta una señora del sector que no quiere revelar su identidad.
“Es que la gente de ahí es de cuidado”, dice la mujer para justificar su reserva.
Una autoridad de la administración municipal del sector ha puesto sellos de cierre en más de una vez, lo que motivó que en septiembre del 2011 se emita una orden de clausura definitiva por no acatar las disposiciones que establecen los lugares donde pueden instalarse este tipo de negocios.
No obstante, el establecimiento sigue abierto, así lo confirmó EXTRA en un recorrido por el lugar.
Al parecer, nada lo detiene. Con documentos, las autoridades demuestran que se han violentado los sellos de seguridad para continuar funcionando.
Se han impuesto constantes multas económicas, dinero que el prostíbulo ha cancelado a las arcas municipales.
Cuando se procede con una clausura el trámite de reapertura no solo supone regularizar el papeleo y poner en orden los elementos que provocaron el cierre, sino asumir sanciones monetarias.
En el caso de Lote 80, según los muestra la Administración Zonal, los pagos han sido frecuentes aunque en la parte de documentación las cosas marchan por diferente camino. En el 2010 presentaron un permiso de funcionamiento para un centro de acompañantes, siendo que en la realidad funcionaba como prostíbulo.
El propósito de situaciones como esta, es que con las continuas multas los negocios prefieran trasladarse a zonas aprobadas y así no seguir pagando, pero esto no ocurre con el mencionado local.
“Es que el problema no está en que se ofrezcan servicios sexuales, sino que lo hagan en una zona residencial, que no cuenten con los permisos necesarios o que presenten documentos presuntamente adulterados donde se indiquen actividades económicas diferentes a las que ejercen”, aseguran en la entidad municipal.
Frente a las múltiples faltas cometidas, la Administración Zonal se compromete a no desistir en los cierres hasta lograr que se trasladen a otro sitio de una vez por todas. (VS/HA)