El consumo y microtráfico de estupefacientes, las amenazas y agresiones a docentes, el ‘bullying’… Son muchos los problemas a los que debe hacer frente la subsecretaria de Educación en la zona 8, Valentina Rivadeneira. A sus 26 años, esta chonense dirige una de las carteras más conflictivas. Arquitecta de formación, apasionada al baloncesto durante su etapa escolar e hincha de Barcelona, Rivadeneira contradice a los profesores que en los últimos días han tachado de ineficaces las medidas aplicadas por el Ministerio de Educación para minimizar estas prácticas.
En una entrevista concedida a EXTRA, la subsecretaria, que tiene a su cargo a unos 500.000 estudiantes y 19.000 profesores, hace un llamamiento a los maestros en apuros para que se atrevan a denunciar su situación ante las autoridades. Además, asegura que su departamento no les ha prohibido hablar públicamente sobre aquellos hechos que les afectan y considera que falta “un poco” de empoderamiento social para ayudar a combatir estos fenómenos.
1. LIBERTAD DE EXPRESIÓNEXTRA visitó más de una docena de colegios fiscales para llevar a cabo la investigación publicada esta semana. Conserjes, profesores y rectores de estos centros, que fueron elegidos al azar, insistieron en que ya no pueden tratar con los medios de comunicación. Sin embargo, Rivadeneira subrayó que “no existe una prohibición expresa para que los docentes no opinen de sucesos o de hechos que ocurren en el ámbito de la ciudad de forma general”.
Ahora bien, admitió que el Ministerio de Educación sí ha determinado quiénes poseen la autorización necesaria de cara a actuar como voceros oficiales de los centros escolares: el subsecretario o el coordinador en las distintas zonas del país; el director distrital en los distritos; y, según ella y aunque pueda parecer contradictorio con lo manifestado a este diario por varios afectados, los rectores en los establecimientos educativos.
En este sentido, recalcó que “no existe” un solo docente sancionado con “un expediente administrativo” por haber dado declaraciones a la prensa: “Lo que no pueden decir es una opinión en nombre de una institución porque no tienen los datos reales. Si ellos quieren hablar de un caso personal o del día a día de lo que sucede en su institución, lo pueden hacer”.
2. CONSUMO Y MICROTRÁFICOLos maestros consultados, que no se conocían entre sí, coincidieron en que la violencia dentro de las aulas ha disminuido en los últimos meses. Sin embargo, afirmaron que el consumo y el microtráfico de drogas, especialmente de ‘H’, se ha disparado.
La subsecretaria no comparte esta segunda valoración y sostiene que “los medios de comunicación o socialización”, así como “la facilidad” que existe hoy en día para dar a conocer ciertos conflictos, “ha permitido que la sociedad denuncie más estos casos que anteriormente estaban ocultos”.
A pesar de que un educador incluso relató a EXTRA cómo habían drogado con escopolamina a dos compañeros suyos que no se doblegaron ante los estudiantes más agresivos, Rivadeneira hizo hincapié en que este hecho particular jamás fue reportado al Ministerio de Educación: “Es gravísimo, por supuesto. No vamos a negar que se den este tipo de situaciones. Pero necesitamos saber cuál fue el escenario”.
3. EL HABITUAL DILEMA DE LAS DENUNCIASSon varios los factores que, según los docentes con los que contactó EXTRA, están influyendo para que los profesores que han sufrido amenazas o agresiones a manos de alumnos no pongan sus casos en manos de las autoridades: el miedo a sufrir posibles represalias de las bandas que utilizan a los muchachos para promover sus negocios ilícitos en los centros; la escasa protección que, a su juicio, les brindan los distritos y los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), implantados el año pasado en el marco de dos protocolos cuyo objetivo final es poner freno al expendio de estupefacientes... Algunos incluso aseguraron que los DECE “no resuelven nada” y actúan contra ellos.
Ante estas acusaciones, Rivadeneira instó a los maestros a romper su silencio. “¿Qué podemos hacer las autoridades educativas o el Ministerio del Interior frente a un caso en el cual el docente no se atreve a denunciar? Nos atan de manos. Necesitamos que todos estos casos se denuncien. Si no, no se pueden registrar y no se les puede dar un seguimiento (...). No tienen por qué sentirse desprotegidos”, valoró.
De ahí que lanzara un mensaje a quienes han optado por mirar hacia otro lado para preservar su integridad física y emocional: “Esa es la salida más fácil, huir del problema”.
Eso sí, reconoció que puede haber “un porcentaje marginal” de funcionarios en los DECE que no estén atendiendo a los afectados con la cercanía, comprensión y eficiencia que estos precisan. “Siempre hay un mal funcionario. Pero necesitamos saber quién es ese mal funcionario que está poniendo trabas para cambiarlo (…). Hemos hecho varios cambios de profesionales que no han cumplido con las normativas…”, recalcó.
A pesar del escepticismo que evidenciaron algunos maestros, ella se mostró convencida de que la Subsecretaría de Educación “ha puesto todos los elementos” para que los docentes confíen en las instituciones ecuatorianas. “Estamos hablando con personas adultas, con personas formadoras. En ningún momento deben sentir que los culpables sean ellos o que no les apoyamos”, enfatizó.
Además, puso de manifiesto la necesidad de potenciar “el empoderamiento social” frente a estos conflictos y de contar con “líderes” dentro de los rectorados: “Un establecimiento educativo no lo domina una persona que venda algún tipo de sustancia en el barrio, sino todos los padres de familia, todos los estudiantes, todos los profesores, todos los vecinos…”.
4. LA VIGILANCIADe las 1.470 cámaras que el Ministerio de Educación tiene previsto implantar en el exterior de colegios fiscales con más de mil estudiantes, 135 corresponden a la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Su colocación concluirá en mayo. “Ya llevamos más de la mitad instaladas”, señaló Rivadeneira.
Los dispositivos, que permanecen operativos las 24 horas del día, “han ayudado a evidenciar el microtráfico, a identificar las caras de aquellos que rondan estos lugares o impartían el miedo (…) y a tener pruebas contundentes para poder procesar penalmente a esas personas”, remarcó la subsecretaria. Al menos este año no está previsto extender la medida a los centros con menos de mil alumnos. Pero no se descarta aplicarla más adelante, “tal vez” en 2017.
5. PROCESOS DE SELECCIÓNVarios maestros criticaron los nuevos procesos de selección del alumnado, que supervisa el Ministerio de Educación. A su juicio, han permitido la llegada de jóvenes delincuentes a los centros fiscales, algunos con edades superiores a los 20 años. Sin embargo, Rivadeneira recalcó que su departamento elimina “las barreras de acceso a la educación”; “no discrimina a los estudiantes”, sino que los reubica; y ejerce la rectoría del sistema “para garantizar un cupo” en las entidades públicas: “El sistema de autoservicio de inscripción escolar (…) asegura la transparencia en la asignación e igualdad de oportunidades para todos y todas”. El procedimiento se efectúa conforme a modelos matemáticos, que buscan “la asignación más cercana al domicilio” de los aspirantes, siempre “pensando en las facilidades de movilidad” de estos.
6. LOS PROTOCOLOSRivadeneira no está de acuerdo con quienes destacan que los nuevos protocolos han burocratizado en exceso los procesos abiertos por consumo o microtráfico en los colegios fiscales. En varias ocasiones, precisó que su objetivo es “educar” a los profesores acerca de cómo deben actuar ante posibles casos, “llegar a una solución que no se vea entorpecida” por faltas o errores de procedimiento. “Si eres docente y te encuentras con una sustancia, la coges y la guardas en tu cartera hasta ir al rector, ya eres cómplice del mismo proceso”, recuerda a quienes critican que los maestros ya no puedan revisar a los sospechosos.
7. NUEVAS MEDIDASEl Ministerio de Educación ha rediseñado los proyectos de participación estudiantil que deben realizar todos los alumnos durante dos años para graduarse como bachilleres. Aunque hasta hace poco había distintas alternativas que incluían, por ejemplo, el medio ambiente, ahora todas se centrarán en cuatro áreas relacionadas con la prevención: el ‘bullying’, el consumo y venta de drogas, la violencia intrafamiliar y el embarazo adolescente. “Todos vamos a estar hablando del mismo tema”, concluyó la subsecretaria.
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